¿ENJUICIAR A LOS EX PRESIDENTES? ¿SABES DÓNDE PUEDES ACUDIR A EMITIR TU RESPUESTA?

-ESTE DOMINGO 1 DE AGOSTO SE LLEVARÁ CABO LA PRIMERA CONSULTA POPULAR EN TODO EL PAÍS

México está en la recta final hacia el domingo 1 de agosto, cuando se llevará a cabo la primera consulta popular desde que esta figura se incluyó en la Constitución. En esa fecha, se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a expresidentes.

En el municipio de Ahualulco se instalarán 4 casillas donde los ciudadanos podrán acudir a emitir su voto, estás se ubicarán 2 en cabecera municipal, una en la comunidad de San Salvador y una más en Barrancas.

Los ciudadanos en esta Consulta Popular responderán "SÍ" o"No" a la siguiente pregunta:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"

Pregunta la cual, según constitucionalistas, es muy ambigua, pues no se habla realmente de enjuiciar a expresidentes, sino a cualquier actor político, caso en el que podría entrar cualquier ciudadano que exprese públicamente una opinión política, tal como activistas, reporteros y si, por supuesto, los expresidentes.

De lograr que el 1 de agosto participen más de 37 millones de ciudadanos, surgirán, a decir de los constitucionalistas Javier Martín Reyes y Francisco Burgoa, más interrogantes que respuestas dado lo ambiguo y genérico de la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y quien va estar obligado a cumplir con ese mandato “ambiguo y genérico” de la consulta, es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, de entrada, “ya nos dijo que ni va a participar y que si lo hace, votaría por el no, porque su fuerte no es la venganza”, añade Martín Reyes.

Además -agrega en entrevista con Expansión Política-, el alcance de lo que se decida en este ejercicio de democracia participativa, que tendrá un costo de 528 millones de pesos, “está relacionado solo con las facultades discrecionales del poder Ejecutivo”, no con las decisiones de las fiscalías general y locales.

Si las fiscalías cuentan con pruebas suficientes respecto de la posible comisión de algún ilícito, tienen el deber de investigar, no esperar al resultado de una consulta, pues la justicia no se consulta, se aplica, enfatizó.

Con información de https://politica.expansion.mx/